A 2 años de la rebelión social, este Informe es producto de la necesidad de analizar desde una perspectiva multidisciplinaria los hechos ocurridos durante el período entre el 18 de octubre 2019 y marzo del 2020. Es decir, se busca entregar más que nuevos datos e información, una forma distinta de ordenarlos y analizarlos para demostrar que lo vivido en el país durante 5 meses –y que continúa sucediendo de diversas formas- ha sido una experiencia de violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos. La afirmación anterior es necesaria, pues la prolongación de una situación de violencia institucionalizada, tiene el riesgo de ir siendo naturalizada como una forma de vida para la población, así como ya lo es en muchas poblaciones del país la convivencia con la violencia policial y del narcotráfico, más la débil presencia del Estado para asegurar la protección a la población.
Este informe también intenta acercar el tema de los derechos humanos a un público más amplio, que sobrepase el límite de las definiciones jurídicas. Entendemos que los derechos humanos son una doctrina jurídica internacional de gran importancia, pero también sabemos que han llegado a serlo producto de fuerzas sociales y políticas que logran cristalizar en ese derecho las aspiraciones de sus luchas. Es por esto que son dinámicos, y a la vez pueden retroceder por efecto de quienes no los consideran como un piso básico de la convivencia democrática.
En este informe se ha utilizado el concepto de “rebelión social” para mencionar lo ocurrido en el período analizado, prefiriéndolo a las denominaciones de “estallido social” o “revuelta”. Estallido alude a algo inesperado y breve, pero en realidad lo ocurrido venía siendo anunciado por varios indicios poco procesados por las élites y es un hecho más bien de ciclo largo que de breves días. Una revuelta social es, por otra parte, algo superficial que puede tener impactos psicológicos y políticos, pero de escasa trascendencia o profundidad. Lo que se cree es que la rebelión social que se vive, expresa un cambio tanto de los objetivos culturales y políticos en una franja muy significativa de la población – comprobado en el resultado del plebiscito de octubre 2020- como de los medios para alcanzarlos, en tanto combina y se legitima ante la ciudadanía la persistente manifestación callejera, con grados de violencia diversos y los caminos institucionales de excepción que buscan encauzarla a través del proceso constituyente.
Este Informe se divide en 6 capítulos. El primero es una breve introducción al contexto internacional y nacional de los derechos humanos, que ayuda a comprender las dificultades que se han encontrado para que sean respetados. El segundo capítulo busca analizar la violencia institucional en Chile, en su relación con los países de la región y cómo la actual crisis en desarrollo ha situado al país en una situación de gravísimo deterioro de los derechos humanos. El tercer capítulo analiza los datos existentes sobre violencia sexual en el período, el perfil de las víctimas y sus hechores, para concluir que éstas obedecen a un patrón represivo. El cuarto capítulo realiza un análisis similar, pero considerando los heridos con traumas oculares y los anuncios, acciones y omisiones de las autoridades del Estado para detener esta forma brutal de represión. Un quinto capítulo aborda la situación de las víctimas, mediante testimonios que buscan retratar el efecto que ha tenido en sus vidas y la respuesta que ha recibido de los organismos públicos ante sus dramas; no tiene pretensión de representatividad pues la existencia de cada caso es en sí mismo una demostración de las secuelas individuales de lo ocurrido y que tiene consecuencias en la sociedad. El sexto capítulo aborda el esfuerzo desarrollado por la sociedad civil para responder a la violencia estatal contra los manifestantes, mediante la transformación de miles de personas en voluntarias de la defensa de los derechos humanos, en distintos planos; se presenta aquí una breve descripción de casos. Se entrega al final un conjunto de conclusiones que buscan fijar orientaciones para una acción que fortalezca la protección y garantía del ejercicio de los derechos humanos por parte de la población.
*** Se dedica este trabajo a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos de este período de rebelión social, incluidos los presos y presas políticas que sufren una medida cautelar abusiva. ***
Participan:
Osvaldo Torres, Pablo Seguel y Francisco Olivares (Investigadores) / Gloria Lillo (Coordinadora de Programas de la Fundación Heinrich Böll Oficina del Cono Sur)
Organizan: Parque Cultural de Valparaíso y Fundación Heinrich Böll Oficina del Cono Sur.
Consultas: efuentes@pcdv.cl
Inscripciones en el siguiente enlace https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSdaYo1Z8jWnFvP6flyathT2sIirMMOhH7inO4c1AulOeIXG6A/viewform?usp=send_form
